Un contexto de urgencia regulatoria

La realidad digital se mueve más rápido que las normas. El 29 de julio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación. No se trata de una reforma marginal: es la primera norma de rango estatal que coloca en el centro cuestiones como la opacidad de los algoritmos, la propiedad de los medios o la protección de menores en el entorno digital.

La tramitación se produce en paralelo a la entrada en vigor de dos textos europeos de gran calado: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación (EMFA). España, en este sentido, no legisla sola: lo hace como parte de una arquitectura comunitaria que busca limitar los excesos de los gigantes tecnológicos y blindar el pluralismo frente a la concentración de poder mediático.

Una CNMC reforzada, pero a prueba de eficacia

El texto otorga a la CNMC un papel decisivo. No solo será la coordinadora de servicios digitales, sino también la supervisora del sector mediático. Para ello, se crean dos direcciones especializadas.

La apuesta es clara: dotar a un organismo independiente de herramientas para supervisar tanto a plataformas globales como a grupos de comunicación nacionales. Sin embargo, la cuestión de fondo es si la CNMC —con recursos humanos limitados y una sobrecarga competencial creciente— tendrá capacidad real para ejercer este control. La norma confía en ella, pero la práctica dirá si puede enfrentarse a multinacionales con presupuestos que superan el de muchos Estados.

 Transparencia frente a la opacidad mediática

La creación de un registro estatal de medios de comunicación abre una puerta que hasta ahora permanecía cerrada: conocer quién controla qué. El ciudadano tendrá derecho a saber quién financia, quién posee y bajo qué intereses se emite la información.

En un país donde la publicidad institucional y la financiación cruzada condicionan buena parte del panorama mediático, este registro supone un mecanismo de luz y taquígrafos. Cierto es que algunos lo tacharán de burocrático; pero en democracia, la opacidad suele beneficiar a quienes ya concentran poder, nunca a los ciudadanos.

Concentración y pluralismo: un debate pendiente

El proyecto prevé que la CNMC valore las operaciones de concentración mediática desde una óptica que va más allá de la competencia económica. El pluralismo informativo pasa a ser un criterio central.

Aquí el legislador reconoce algo esencial: la información no es un producto cualquiera. Sin pluralidad de voces, el derecho a la información veraz (art. 20 CE) se vacía de contenido. Lo que falta por definir son los parámetros concretos: ¿qué nivel de concentración será aceptable? ¿Cómo se medirá la independencia editorial? La norma apunta el camino, pero deja la concreción a un futuro desarrollo reglamentario.

Derechos digitales y sanciones ejemplarizantes

El texto también protege al ciudadano frente a los abusos digitales. Prohíbe la publicidad segmentada basada en categorías sensibles, refuerza la seguridad de los menores y obliga a las plataformas a habilitar cauces ágiles de denuncia.

Las sanciones son contundentes: hasta un 6 % del volumen de negocio global para las infracciones más graves. Es un mensaje claro: el beneficio económico no puede estar por encima de los derechos fundamentales. La disuasión se convierte aquí en la herramienta principal del legislador.

Conclusiones: democracia digital y medios en disputa

El proyecto de ley no es perfecto, pero marca un punto de inflexión. Refuerza la supervisión pública sobre sectores donde la lógica del mercado ha operado durante años sin apenas contrapesos.

No se trata de limitar la innovación tecnológica ni de poner trabas a los medios: se trata de equilibrar un tablero donde los actores más poderosos juegan con ventaja estructural. En última instancia, la norma plantea una cuestión política de fondo: ¿quién debe garantizar que la información y los espacios digitales estén al servicio de la ciudadanía, y no únicamente de los intereses privados?

La respuesta, aunque compleja, se orienta hacia un principio claro: solo un Estado que legisla y supervisa puede proteger el pluralismo, la transparencia y los derechos digitales frente a la concentración de poder.

Clara Rivas Vano · Jurista